En abril de este año se publicó la Ley de Reconstrucción con Cambios, la cual aprueba una serie de disposiciones para la intervención del Estado tras los efectos El Niño.

Sin embargo, para el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, Guido Valdivia, dos puntos incluidos en la ley significarían un riesgo de corrupción en la ejecución de obras.

Primero, la Ley de Reconstrucción exonera el requisito de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores a las empresas extranjeras no domiciliadas en el país para la presentación de propuestas.

Para Valdivia, con esta exoneración el riesgo es que podrían participar empresas sin solvencia económica o con denuncias en sus países.

“Ya hemos tenido antecedentes negativos de empresas que vinieron, postularon, ganaron, recibieron adelanto y cuando debían iniciar obras se iban. Esto puede generar corrupción”, advierte Valdivia.

Este y otros temas fueron transmitidos en la reciente reunión que sostuvieron con el jefe de la Autoridad para la Reconstrucción, Pablo de la Flor, quien manifestó la posibilidad de evaluar estas observaciones, refirió Valdivia.

En segundo lugar, la ley también dispone que para ejecutar obras públicas es aplicable la modalidad de ejecución contractual concurso oferta.

Según Capeco, la restitución de esta modalidad también inquieta ya que el constructor tiene la facultad de hacer el expediente técnico y la obra.

“El concurso oferta abre espacio para que los costos de las obras crezcan sin control y creemos que, si bien la norma dice que se puede utilizar, es decir, que es una opción, creemos que puede traer problemas a la larga y tener mayores cuestionamientos como algunos proyectos que ahora son objeto de seguimiento judicial”, dijo Valdivia. Instó el Estado a usar esta modalidad en obras pequeñas o no usarlas, y que las de mayor dimensión deberían adjudicarse por concurso para el expediente y otro para la construcción.

Proyecto de ley

El gremio constructor también mostró preocupación por los recientes proyectos de ley presentados al Congreso que busca limitar la acción y contratación con el Estado de empresas investigadas por corrupción y lavado de activo que aún no fueron condenadas.

“La Ley contra derechos constitucionales de las empresas, también es muy abierto, involucrarían a proveedores de bienes, servicios y materiales. Con esto, la mayoría de empresas no podrá participar”, explicó Valdivia.

FUENTE: Gestión

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here